Mendoza abre una mesa para que las familias renegocien sus deudas sin pagar un peso

La hoja verde en la principal zona yerbatera arrancó la semana con un piso de 320 pesos el kilo, en un marco de estabilidad que parece no acompañar, sin embargo, lo que sucede en los hogares de a pie: cada vez más familias argentinas llegan a fin de mes comprometidas con cuotas que ya no pueden sostener. En ese escenario, y mientras en Buenos Aires se discute qué hacer con los créditos atados a la inflación, Mendoza acaba de poner en marcha un mecanismo que apunta directamente al bolsillo de los consumidores finales: una conciliación obligatoria, gratuita y voluntaria para el acreedor, que puede cambiar las condiciones de pago de deudas que hoy parecen imposibles de honrar.

El procedimiento fue creado por la Dirección de Defensa del Consumidor y funciona en el ámbito de la Provincia. No es una quita automática ni una pesificación de lo adeudado: la ley es clara en ese punto y los propios funcionarios lo repiten cada vez que pueden. Lo que ofrece la nueva herramienta es una mesa formal de negociación, con reglas claras, plazos estrictos y un mediador estatal que cita a los bancos, fintechs, mutuales y cooperativas para que escuchen el pedido del deudor.

Quiénes pueden sentarse en esa mesa

Pueden pedir la intervención las personas con domicilio real en Mendoza, consumidoras finales, que estén transitando una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. El primer criterio es económico: la carga financiera debe superar el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo conviviente.

• Hogares con menores de edad a cargo.
• Personas con discapacidad.
• Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
• Personas desocupadas.
• Beneficiarias de programas sociales.
• Trabajadores informales.

En esos casos de especial vulnerabilidad, el umbral baja al 25% de los ingresos. Hay, también, un tope al capital total adeudado: no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles al momento de iniciar el trámite. Hoy ese techo ronda los 27 millones de pesos, lo que en la práctica deja afuera a deudores con montos muy altos pero deja adentro a la enorme mayoría de los hogares endeudados por consumo.

Qué se puede renegociar y qué queda afuera

La ley contempla que se renegocien préstamos personales, financiamiento de bienes durables y de consumo, tarjetas de crédito y deudas con cooperativas. La puerta queda cerrada, en cambio, para obligaciones con garantía hipotecaria, sanciones penales y deudas alimentarias. El camino es, como en tantos temas del yerbal a la góndola, un proceso largo y lleno de etapas.

El trámite empieza en la flamante Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo, donde el deudor presenta el detalle de acreedores, montos, activos y pasivos. Defensa del Consumidor corre traslado a cada acreedor, que tiene hasta 10 días hábiles para contestar. Después viene el mano a mano: audiencia, contrapropuestas y, eventualmente, un acuerdo. Lo que allí se firme puede incluir quita de intereses punitorios y gastos de mora, extensión del plazo, períodos de espera o un nuevo esquema de cuotas.

“Ninguna quita ni quita de capital ni extensión de plazos es automática. Es un acuerdo entre partes: lo que la Provincia garantiza es la mesa y el procedimiento, no el resultado.”fuentes del gobierno mendocino consultadas por este portal

El formato, en mi lectura, tiene una virtud y un límite bien marcado. La virtud es que ordena el caos: muchos hogares mendocinos venían renegociando por WhatsApp con cada acreedor por separado, sin saber que podían pedir una instancia pública y gratuita. El límite, y acá viene lo que el Estado todavía no resolvió, es que el sistema depende de la buena voluntad del banco o la fintech. Si el acreedor no acepta sentarse o se niega a ofrecer quitas, el deudor vuelve a la calle con su mismo problema y sin quita de capital. Falta, además, una respuesta nacional al sobreendeudamiento familiar: mientras cada provincia ensaya su propia mesa, las tasas de interés y los límites de crédito los define el Banco Central, que hasta ahora no movió la aguja en favor de los consumidores. Eso, más temprano que tarde, va a terminar en la Corte.