Pandanés en el horno: 25 sucursales cerradas, 150 familias en la calle y un salvataje que la Justicia intenta ordenar

El precio del pan, que no es un lujo sino un pilar de la mesa de cualquier hogar argentino, volvió a quedar en el centro de la escena esta semana cuando la cadena Pandanés cerró sus 25 sucursales en el área metropolitana y dejó en la calle a 150 trabajadores que, vale decirlo desde el arranque, todavía no recibieron ni siquiera el telegrama de despido porque fueron notificados de su desvinculación a través de un mensaje de WhatsApp, una escena que recorre cada vez más rubros y que muestra el costado más crudo de una crisis que la propia empresa atribuye a una caída del consumo superior al 50% de su volumen histórico. Lo que empezó como un ajuste de mostrador terminó en un expediente judicial en el Juzgado Comercial N.º 15, donde el juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y ordenó, en cambio, abrir un procedimiento de salvataje para que acreedores, cooperativas o eventuales inversores tengan cinco días hábiles para inscribirse y acercar una propuesta de acuerdo que, como el propio magistrado al fundamentar su decisión en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, debe agotarse antes de cualquier declaración de quiebra cuando se cumplen los requisitos legales del caso, y acá lo que me pregunto como lectora y como vecina de esta ciudad es cuántas chances reales tiene un salvataje cuando el pasivo declarado ronda los 1.200 millones de pesos y la empresa arrastra una cesación de pagos que, según el expediente, se arrastra desde octubre del año pasado.

Una planta pensada para crecer y un mercado que se encogió

La foto de fondo de esta crisis se completa con un dato que la propia compañía reconoció en su presentación ante la Justicia y que ayuda a entender por qué el derrumbe fue tan rápido como silencioso: en noviembre de 2022, cuando el negocio todavía crecía, Pandanés inauguró una planta industrial de 1.778 metros cuadrados dimensionada para abastecer hasta 50 locales propios, una inversión enorme que en su momento parecía razonable pero que quedó completamente sobredimensionada cuando la sucursal empezó a cerrar locales mientras los costos fijos, entre ellos alquileres, energía y personal, se mantenían sin variantes, una combinación que en cualquier empresa termina siendo letal y que en una pyme de panificados se vuelve directamente asfixiante.

“Esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés

En diálogo con el expediente, la gerente de Pandanés, Lise Lundme Funch, fue la encargada de ponerle palabras al derrumbe y reconoció que la empresa intentó durante meses renegociar alquileres con los propietarios de los locales, cambiar de proveedores para abaratar costos y hasta negociar acuerdos con el fisco para regularizar la presión tributaria acumulada, pero que ninguna de esas medidas alcanzó para torcer el rumbo de una estructura de gastos que, como señaló la propia Lundme Funch, se fue tornando insostenible a medida que la harina, el insumo más crítico de cualquier panadería, sufrió el impacto de la suba internacional del precio de los granos, los servicios treparon sin pausa y los salarios se actualizaron por paritarias en un contexto donde, justamente, la facturación caía a la mitad.

• 25 sucursales cerradas en el área metropolitana de Buenos Aires.
• 150 empleados desvinculados, la mayoría notificados por WhatsApp y sin telegrama de despido formal.
• Cesación de pagos declarada por la propia empresa desde octubre de 2025.
• Caída del consumo superior al 50% respecto del volumen histórico de la cadena.
• Planta industrial de 1.778 m² inaugurada en 2022, pensada para 50 locales.
• Pasivo concursal cercano a los 1.200 millones de pesos al momento del concurso preventivo.
• Registro de salvataje abierto por cinco días hábiles en el Juzgado Comercial N.º 15.

Lo que la Justicia todavía no resolvió

Mientras el expediente avanza en los tribunales de la calle Diagonal, en las ex sucursales de Pandanés quedó flotando un problema que ninguna decisión judicial va a resolver de un día para otro y que, a mi entender, define el costado humano más doloroso de este conflicto: los trabajadores despedidos no solo siguen esperando los telegramas de despido formales, un trámite clave para habilitar el cobro de la indemnización y la posterior gestión del seguro de desempleo, sino que además, según pudo reconstruir este portal a partir del relato de varios de los empleados afectados, muchos de ellos todavía no pueden retirar sus pertenencias personales de los locales cerrados, una situación que se repite en cada vez más concursos y quiebras del rubro gastronómico y que muestra que, cuando una empresa cae, lo primero que se pierde, incluso antes que el empleo, es el derecho básico a irse con lo propio.

A ese cuadro se suma otra advertencia que dejó la sindicatura designada en el expediente y que la empresa, hasta ahora, no terminó de esclarecer: la sospecha de que Pandanés no habría acreditado en tiempo y forma el pago de los aportes a la obra social del personal, a la ART y a los aportes previsionales correspondientes, un punto sensible porque si se confirma podría configurar no solo una deuda adicional para el concurso sino una posible responsabilidad patrimonial de los socios, un frente judicial que se abre en paralelo al salvataje y que, como suele ocurrir en estos casos, puede terminar condicionando cualquier propuesta de rescate que se presente en estos cinco días hábiles, un margen muy corto para una empresa de este tamaño y, sobre todo, muy corto para 150 familias que del mostrador a la góndola ya perdieron casi todo y todavía esperan que alguien, empezando por el Estado, les explique cómo van a cobrar lo que les deben.