Prisión preventiva para los dueños de la concesionaria Autos Pilar Premium por estafa y asociación ilícita

La jueza de Garantías de Pilar Andrea Rodríguez Mentasty firmó la prisión preventiva de Carlos Alberto González, de 43 años, y Cynthia Chamoles, de 44, propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium. La resolución fue dispuesta en las últimas horas, a pedido del fiscal Andrés Quintana, a cargo de la investigación.

Carátula de la causa

Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con estafa, defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel. La maniobra perjudicó a personas que abonaron vehículos que nunca recibieron y a otras que entregaron autos en consignación sin cobrar el producido de la venta.

Fundamentos de la magistrada

En su resolución, la jueza Rodríguez Mentasty sostuvo que la prisión preventiva es "el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso" y advirtió sobre la existencia de riesgos procesales. Respecto del entorpecimiento de la investigación, mencionó "la magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y la posibilidad de manipular documentación relevante". En cuanto al peligro de fuga, señaló "la multiplicidad de hechos, de víctimas, los grandes perjuicios ocasionados y la logística empleada" como factores que permiten presumir que los acusados podrían eludir la acción judicial ante una eventual condena de efectivo cumplimiento.

• Recibían pagos totales en dólares por vehículos que nunca entregaban.
• Tomaban automóviles en consignación, concretaban la venta y no transferían el dinero a los propietarios originales.
• Una víctima entregó una camioneta Ford Ranger Raptor sin firmar la transferencia de dominio; el vehículo se vendió y los fondos fueron desviados.
• Otro damnificado transfirió 29.000 dólares por un automóvil que tampoco recibió.
• Un tercero cedió un Ford Mustang 2022 para exhibición en el salón, con la expectativa de recuperarlo o recibir un vehículo equivalente.

La investigación sigue en curso y resta determinar la cantidad total de damnificados, acreditar la trazabilidad de los fondos obtenidos y avanzar en la etapa de instrucción hasta el requerimiento de elevación a juicio.