Procesan a Raúl Martins por lavado y le traban un embargo por 300 millones de pesos

La Justicia federal procesó con prisión preventiva a Raúl Martins, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), por el delito de lavado de activos, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La resolución fue firmada por la jueza María Servini, a cargo del expediente desde su inicio.

Según el parte oficial difundido por el tribunal, la medida alcanza a Martins como supuesto partícipe necesario de operaciones orientadas a incorporar al circuito económico formal bienes que la investigación vincula con la explotación sexual de mujeres. La causa se encuentra en etapa de instrucción y la magistrada resolvió dictarle el procesamiento con prisión preventiva, a la espera de lo que resuelva la Cámara de Apelaciones.

El eje del debate: las fechas de las operaciones

Durante la indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Su defensa sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen —compras de inmuebles y manejo de sociedades— corresponden a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

En ese planteo, afirmó que esas fechas son anteriores al período que la Justicia consideró probado para el delito de explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014, y limitado al local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Además, aseguró que las acusaciones por otros nueve establecimientos fueron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos de Servini para procesar

• La jueza sostuvo que la sola fecha de constitución de las sociedades no descarta su uso posterior para administrar u ocultar bienes de origen ilícito.
• Evaluó de manera conjunta la participación de empresas argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares.
• Consideró que Martins habría mantenido el control efectivo de esa estructura aun cuando no figurara como beneficiario final en los registros.

Martins, de 77 años, fue detenido en México en 2019 y su traslado a la Argentina desde Cancún quedó a cargo de personal argentino. El expediente se inició el 6 de marzo de 2013 a partir de una denuncia anónima recibida por el Ministerio de Seguridad, que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.

La defensa del exintegrante de la SIDE ya adelantó que cuestionará la resolución ante la Cámara de Apelaciones. Resta definir la situación procesal de los demás imputados y la producción de nuevas medidas de prueba en la instrucción.