Cosechar y no perder el plan: extienden hasta 2027 el régimen que compatibiliza empleo rural temporario con asignaciones y programas sociales

En los obrajes y en las chacras, la pregunta llega siempre antes que la cosechadora: ¿conviene tomarse el trabajo registrado que ofrecen para la zafra aunque eso implique dejar en suspenso el plan social que sostiene al resto de la familia el resto del año? Esa disyuntiva, que durante mucho tiempo empujó a miles de productores a rechazar empleos formales, encontró un arreglo administrativo a fines de 2021 y acaba de ganar aire: el Decreto 1204/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial, prorroga por doce meses, hasta el 1 de septiembre de 2027, el régimen que compatibiliza empleo rural temporario con asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo, entre otros beneficios.

Según estimaciones oficiales, la medida alcanza en forma directa a alrededor de 50.000 personas en todo el país que se desempeñan bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a quienes realizan tareas agropecuarias mediante contratos eventuales o están comprendidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial. A esa cifra se suman unos 83.000 hijos de los aportantes, dato que dimensiona el impacto en los hogares del interior productivo.

Qué cambia en concreto para el trabajador

En el día a día, el cambio es concreto: el operario que entra a una campaña de cosecha, de poda o de esquila no pierde automáticamente sus beneficios sociales por el hecho de firmar un contrato registrado. Las asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar y, según la situación de cada beneficiario, el programa Volver al Trabajo pueden mantenerse durante el período de contratación, lo que reduce el costo de oportunidad de aceptar un empleo formal.

Un punto especialmente sensible para la economía de estas familias es que las asignaciones familiares correspondientes a estos contratos no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo. Ese piso, fijado por el propio decreto, blinda el ingreso de los hogares con chicos independientemente de la duración de la temporada, y delinea una suerte de sueldo mínimo complementario para los meses de zafra.

El esquema también prevé un mecanismo de transición: cuando la contratación se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pasan a computarse como parte del salario. La idea, según se desprende del texto oficial, es ir corriendo el eje del ingreso familiar desde los planes hacia el empleo formal pleno, sin saltos bruscos que dejen desamparadas a las familias.

El otro lado: incentivo para que el empleador registre

El decreto no se queda en el lado del trabajador. Del otro lado del mostrador, en las explotaciones agropecuarias, la norma contempla una reducción de las contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades, un incentivo económico pensado para promover la registración laboral en un sector históricamente castigado por la informalidad. El Estado, en otras palabras, subsidia una parte del costo laboral a cambio de que esos mismos trabajadores queden bajo el paraguas de la Ley de Trabajo Agrario.

La prórroga no cayó en el vacío. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había advertido, antes de la renovación, que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen. La advertencia sindical le puso cuadro a un número que, de otro modo, podría leerse como un dato burocrático más: 120 mil trabajadores que, sin esta compatibilidad, podrían haber quedado este año otra vez a merced del trabajo en negro o directamente del desempleo estacional.

Dicho de manera simple: del yerbal a la góndola, del tabacal al galpón de empaque, lo que se decida en estos días en los despachos porteños define cuántos tareferos, cosecheros y peones de campo vuelven a firmar contrato con apellido y obra social, y cuántos se quedan otra vez en el borde, con el plan social debajo del colchón y la cosecha como única moneda de cambio. Quedan, al menos, doce meses más de respiro, hasta 2027. Lo que el Estado todavía no resolvió —y no parece tener en carpeta— es cómo se sale del esquema sin que la transición vuelva a empujar a las familias rurales al dilema de siempre: trabajar registrado, o comer este mes.