La bicicleta, el candado y la multa: lo que la Justicia le terminó cobrando a un supermercado de Neuquén

A veces uno sale del supermercado con el changuito lleno y una sonrisa, y a veces vuelve a la bici y se encuentra con el candado cortado, el hierro solo y esa sensación de vacío que te revuelve el estómago. Eso fue exactamente lo que le pasó a un vecino de Neuquén capital, que había hecho las cosas como le habían enseñado de chico: ató su bicicleta en el lugar habilitado del estacionamiento, le puso el candado, entró a hacer las compras y al regresar el rodado ya no estaba, como si se lo hubiera tragado la vereda caliente de ese mediodía patagónico.

La denuncia no quedó en la nada ni en un mero reclamo de palabra. El hombre se presentó en la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, que tomó el caso, evaluó lo ocurrido y decidió imputar al supermercado por fallas de seguridad en sus propias instalaciones. Lo que sigue es la parte que a mí, como consumidor de a pie, me parece la más interesante de contar: la empresa ejerció su derecho de defensa en sede administrativa y después llevó la cuestión a la Justicia, donde también perdió. La sanción quedó firme y la multa confirmada, en lo que se conoce como un fallo que terminó de cerrar la discusión en favor del damnificado, según reconstruí a partir del expediente y de la lectura del expediente que difundió el propio organismo provincial.

Cuánto tuvo que pagar el comercio

La multa se fijó en un equivalente a cinco canastas básicas alimentarias, lo que traducido a pesos arroja un número cercano a los 4 millones. Es una cifra llamativa si uno piensa que, con bastante menos, el supermercado le hubiera repuesto la bicicleta al cliente y el asunto se habría terminado con un apretón de manos. Pero acá no se discute el valor de la bici: se discute el principio, y el principio que terminó ganando es que el que abre un estacionamiento y lo pone a disposición de su clientela asume, por esa misma decisión, la obligación de custodiar lo que en ese espacio se deja. "Yvypy" o "aquelarre" de papeles mediante, la cuestión de fondo es bien terrenal: si te invitan a dejar la bici en su playa, se hacen cargo de la bici.

• La Dirección Provincial de Protección al Consumidor imputó al supermercado por fallas en la seguridad de su playa de estacionamiento.
• La sanción fue de cinco canastas básicas alimentarias, equivalentes a cerca de 4 millones de pesos.
• La empresa apeló en sede administrativa y después en la Justicia, pero el fallo confirmó la multa.
• En paralelo, el damnificado mantiene abierta una causa en el fuero civil para pedir el resarcimiento directo por la bicicleta.
• El expediente administrativo funciona como prueba preconstituida en ese juicio civil.

El cartelito que no te salva de nada

Acá aparece uno de los puntos que más me gusta marcar cuando tengo la lapicera en la mano, porque toca una cuestión que vemos todos los días al pasar: esos cartelitos que muchos comercios cuelgan en la entrada, casi como decoración, donde aclaran que no se hacen responsables por los objetos dejados en el estacionamiento. Según lo que dejó sentado el organismo provincial, esa cartelería no tiene valor legal y, lo que es peor, puede inducir a confusión al consumidor, que llega confiado, lee el aviso y se queda tranquilo creyendo que él solito se tiene que arreglar si le roban. La advertencia del organismo es concreta: los locales que sigan exponiendo ese tipo de avisos sin modificar la letra pueden recibir, incluso, una infracción adicional. En criollo: el cartelito no te protege a vos, no los protege a ellos y, encima, les puede salir más caro.

La línea que trazó Protección al Consumidor y que la Justicia terminó convalidando es bastante razonable si uno la piensa desde la vereda de cualquiera. Las cosas que el cliente lleva consigo mientras está adentro del local, como el celular en el bolsillo o la cartera al hombro, son de su propia custodia y el comercio no tiene por qué responder si se pierden. Pero lo que el cliente deja en el espacio de estacionamiento que el propio comercio habilita y ofrece como parte de su servicio entra en otra categoría: ahí la responsabilidad cambia de manos y pasa a ser del establecimiento, que es quien decide abrir esa playa, cobrar o no por su uso y, sobre todo, quien la presenta como un lugar apto para dejar el vehículo.

Mientras tanto, la causa civil sigue abierta

Confirmada la multa, el expediente administrativo no termina siendo un papel decorativo: sirve como prueba preconstituida en la causa civil que el damnificado mantiene abierta para reclamar, esta vez sí, el valor concreto de la bicicleta. La estrategia es de manual: por un lado se sanciona al comercio con la multa provincial, que lo castiga por la falla de seguridad y funciona como una especie de escarmiento público; por el otro, el vecino sigue su propio camino en la Justicia para intentar reponer lo perdido. Son dos andariveles que corren en paralelo, no se pisan y, en definitiva, le dan al consumidor dos chances distintas de obtener una respuesta.

Yo cada vez que paso por un súper y veo el famoso cartelito pienso en lo rápido que uno se acostumbra a naturalizar ciertas cosas. Dejamos la bici, el casco colgado del manubrio, la mochila apoyada en el canasto, y nos vamos adentro con la certeza de que alguien más se está haciendo cargo. Lo que dejó claro este fallo neuquino es que esa confianza no es ingenua: está sostenida por una obligación legal que el comercio aceptó en el momento mismo en que decidió abrir una playa de estacionamiento y ponerla a disposición de su clientela. Y si esa confianza se rompe, la respuesta no sale del bolsillo del cliente, sino de la caja registradora del que puso el cartel.

“Contanos si alguna vez te pasó algo parecido: ataste la bici, el casco, la moto, entraste y al volver ya no estaba. ¿Hiciste el reclamo, te hicieron caso o te dijeron que ellos no se hacían cargo? Tu experiencia puede servirle al vecino que todavía duda si pelearla o bajar los brazos.”Ariel Da Silva, Sociedad y vida cotidiana