Salud mental en alerta: las internaciones se disparan 42% en tres años y el sistema público pide aire

La mañana en Lanús empieza con ese calor pegajoso que ya se instaló en noviembre, y por estas horas hay un dato que pesa más que la térmica: las internaciones por problemas de salud mental crecieron 42% entre 2023 y 2026 en Argentina, con un salto extra de 12% apenas en los últimos doce meses, según un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús con información que aportaron las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias. Yo vengo siguiendo este tema desde hace rato, y les confieso que la cifra me dejó un rato en silencio, porque no estamos hablando de un crecimiento lógico ni de un rebote post pandemia, sino de una pendiente que se sostiene y se profundiza.

Catorce provincias, más del 70% del país

El trabajo reunió a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que en conjunto representan más del 70% de la población argentina. También se sentaron en la mesa Entre Ríos y Río Negro. Es, en la práctica, una foto bastante aproximada de lo que pasa en casi todo el territorio nacional, y lo que muestra esa foto no es nada tranquilizador.

Las consultas ambulatorias, mientras tanto, crecieron 23% en el último año, y la demanda pega más fuerte en dos lugares que duelen especialmente: las infancias y adolescencias, y las personas que se quedaron sin cobertura de obra social o prepaga y recalaron en el hospital público. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas que llegan a las guardias hospitalarias ya son por problemas de salud mental, una proporción que cambia la manera en que se piensa una guardia y que obliga a repensar hasta la formación del personal que recibe al paciente.

Más camas, pero equipos al límite

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 camas nuevas de salud mental en hospitales generales, y trece de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para abordar consumos problemáticos. La intendencia, la gobernación y los ministerios pusieron plata, abrieron dispositivos y sumaron infraestructura, y aun así las propias autoridades provinciales reconocieron que esas capacidades están "sobreexigidas" frente a una demanda que no afloja, y que cuesta completar los equipos con disciplinas críticas. No falta el edificio, falta el profesional, que es casi siempre la cuenta más difícil.

Lo dijo en el Senado, con tono cansino, una funcionaria de la delegación de Santiago del Estero que pidió no ser individualizada pero que trabaja en el área desde hace más de dos décadas: "abrimos centros, abrimos dispositivos, abrimos camas, y la gente sigue llegando más rápido de lo que podemos contenerla". Y esa frase, créanme, resume el ánimo con el que volvieron casi todas las delegaciones.

Qué piden las provincias

El informe, que fue presentado en el Senado en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental vigente desde 2010, identifica cuatro prioridades que las provincias plantearon con bastante claridad. Son estas:

• Aumentar la inversión destinada a salud mental, con partidas específicas que no queden libradas a la discrecionalidad de cada gestión.
• Ampliar la infraestructura y, sobre todo, los recursos humanos, en particular disciplinas que están en falta en casi todo el país.
• Garantizar el acceso a medicamentos, un punto sensible para los tratamientos más prolongados.
• Producir información epidemiológica nacional de calidad, algo que hoy se hace de manera desigual provincia por provincia y que vuelve muy difícil comparar y planificar.

Las provincias también reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, una queja que se escucha en casi todos los temas sensibles pero que en salud mental pega de lleno, porque cuando el sistema se descoordina, el paciente queda a la deriva entre efectores que no se hablan y profesionales que se queman. Para los equipos territoriales del conurbano bonaerense, donde la demanda se siente barrio por barrio, esa articulación no es un lujo administrativo: es la diferencia entre contener un cuadro a tiempo o verlo desbordado en la guardia.

Una ley bajo debate

El informe llegó al Palacio Legislativo en un momento particular, porque el Congreso está discutiendo una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, y las autoridades provinciales plantearon que la propuesta "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos". Es una observación de peso, porque viene de quienes efectivamente gestionan los dispositivos, y no de voces interesadas en el debate teórico.

En mi recorrida por centros de día del sur del Gran Buenos Aires, una operadora comunitaria de Lanús, apodada por todos como "la Marta" del barrio, me decía hace unos días, mientras tomábamos mate en la vereda todavía con la térmica alta, que ya nadie se asombra cuando un adolescente pide turno: "acá lo raro era que alguien no pidiera ayuda, ahora lo raro es que no pidan tres a la vez". Y esa frase, que parece de barrio, es exactamente lo que dicen los números.

Hay una palabra en guaraní, jepota, que usamos los que peinamos canas en esta redacción para nombrar la paciencia larga de sostener algo que no da resultados rápidos, y me parece que define bastante bien lo que están pidiendo las provincias: no grandes anuncios, sino una política sostenida en el tiempo. Mientras tanto, las guardias se llenan, las camas se ocupan y los equipos comunitarios corren detrás de una demanda que, por ahora, no da señales de detenerse.